Como bien lo dijo la senadora Georgia Nani Arrúa (PPQ), esta ley favorecerá la formalización de los comercios de frontera y no fomentará el contrabando, como falsamente pretenden hacer creer gremios de comerciantes capitalinos. “Lo que proponemos es un cambio en el régimen de turismo, porque el actual no da las ventajas necesarias para que mejore la competitividad del comercio paraguayo.

Este proyecto beneficia a todas las ciudades fronterizas, donde el comerciante fronterizo asume el papel de importador e inclusive de distribuidor, comprando de un importador. Hay reglas clarísimas, con factura electrónica, todo legalizado y transparente. Habrá control permanente del stock, de las facturas.

Los compradores deben ser no residentes, los productos que vienen en régimen de turismo no son vendidos a consumidores nacionales, esa es la diferencia. No existe competencia desleal”, enfatizó Nani Arrúa.

La nueva Ley tiene como objetivo fundamental la venta a extranjeros y en caso que los connacionales quieran comprar esas mercaderías, tendrán que pagar los impuestos como el IVA y otros que están previstos en la legislación en análisis. Todo esto, dentro de un registro real de empresas y mercaderías con un informe fiable de lo que se vende a los turistas y el ingreso que percibe el comerciante por las ventas realizadas.

El Gobierno no puede desconocer la crítica situación que se está viviendo en la zona después de la pandemia, y ya desde antes, cuando se empezaron a implementar los Dutty Free y las tiendas francas en Foz de Yguazú y Puerto Iguazú. Actualmente los países vecinos están explotando cada vez con más éxito los productos de extrazona, en detrimento al comercio fronterizo del Paraguay, que quedó sin margen competitivo.

En las décadas de los ’80, ’90 e incluso parte del 2000, Paraguay tenía una de las mejores legislaciones para el turismo de compras, o “la triangulación de productos de extrazona”, pero al no adecuarse a los nuevos tiempos, se perdió competitividad, dejándose de lado un modelo exitoso y permitiendo que otros países aprovechen la negligencia del gobierno paraguayo. Si las autoridades nacionales no actúan con la celeridad necesaria, seguirá del declive del comercio esteño y fronterizo en general, perdiéndose miles de fuentes de trabajo, espantando nuevas inversiones e instalando un clima de negocios adversos en el país. Esperemos que los senadores que vinieron verdaderamente puedan convencer con estos argumentos sólidos y lograr la aprobación en el Congreso de esta nueva normativa, que puede ser el último ancla de salvación para el alicaído comercio de frontera paraguayo.